"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Pandemia Coronavirus
CERMI Madrid exige a Sanidad medidas urgentes de protección a profesionales y a personas con discapacidad
21/03/2020
CERMI Comunidad de Madrid exige a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad que se tomen medidas urgentes e inmediatas, que aseguren que los profesionales de las entidades del movimiento asociativo puedan atender con garantías de seguridad a todas las personas que se encuentran en los centros residenciales de atención a estas personas, especialmente a las aisladas por sospecha o positivos confirmados de COVID-19. Además, reclama que el personal de los servicios sociales sea considerado, cuanto antes, un servicio esencial en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19.
Por otro lado, exhorta que aseguren que no se va a discriminar a las personas con cualquier tipo de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes con coronavirus, ya que la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor desvalorizador de la persona.
En las últimas horas, las redes sociales se han hecho eco de un posible caso de discriminación, en la Comunidad de Madrid, a un hombre con síndrome de Down, al que se le negaba el acceso a la UCI, aunque el paciente ha sido ya trasladado en la mañana de hoy a esta unidad; tal y como han confirmado sus familiares a Plena Inclusión Madrid, entidad miembro de CERMI Comunidad de Madrid.
En línea con la petición lanzada por CERMI Estatal, CERMI Comunidad de Madrid reclama a las autoridades y profesionales sanitarios que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican, en la actual crisis del coronavirus, son garantistas con el principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas, y solicita al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.
Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de los derechos humanos, la no discriminación, no tratar desigualmente, y actuar sin prejuicios o sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria.
